Ante la aprobación por parte del Parlamento de un dictamen que propone una nueva ley de discapacidad y tras la demanda de las organizaciones por un proceso de consulta transparente; el pasado 11 de marzo, seis asociaciones de personas con discapacidad y sus familias como Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Lima, Colectivo 21 Perú, Comisión de Damas Invidentes del Perú, Autismo Perú, Luchando Contra Viento y Marea y Sociedad Peruana de Síndrome Down; presentaron una acción de cumplimiento ante la Corte Superior de Justicia de Lima. En ella exhortan al Congreso de la República a realizar un proceso de consulta previa con este colectivo, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 29973 y su reglamento y conforme lo establecido en la Observación General Nº 7.

Más de ciento cincuenta organizaciones de personas con discapacidad y sus familias han mostrado su rechazo a la propuesta legislativa; sin embargo, la Comisión de Inclusión Social del Congreso pretende derogar la Ley 29973, Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2012) actualmente vigente.

La acción de cumplimiento interpuesta busca que el Poder Judicial ordene a la Comisión Social del Congreso realizar un mecanismo de consulta, permitiendo que las mismas personas que serían afectadas directamente por la norma, participen de manera activa en todas las etapas del proceso desde el inicio (consulta previa), en la elaboración, debate y aprobación o rechazo de la misma.

Si bien algunas organizaciones reconocen haber sido convocadas a reuniones de trabajo por la comisión, éstas tenían como finalidad evaluar la pertinencia de proyectos de ley archivados en anteriores legislaturas para determinar potenciales modificaciones de la Ley 29973. En ningún momento antes del mes de agosto del 2020, se habló de una derogatoria de la Ley. Las reuniones posteriores no fueron consideradas consulta ni por los propios asesores de la comisión, tal como diera a conocer el propio Congresista Ancalle el 8 de marzo pasado, fueron para informar sobre el contenido del dictamen, y en ellas el rechazo a la derogatoria fue casi unánime.

La consulta que demandan las organizaciones debe prever calendarios razonables y realistas, evaluaciones periódicas de los mecanismos de consulta puestos en marcha, entrega de la información en formatos accesibles (braille, lenguaje sencillo, lengua de señas mínimamente), nada de lo cual se ha cumplido, ni siquiera en la página web del Congreso donde el dictamen ha sido colgado hace algunas semanas. 3 millones de personas con discapacidad más sus familias se verán afectadas ante la aprobación de una nueva norma en plena emergencia sanitaria.

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